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• Intervención directa en la autonomía médica y trabas en la ARL Positiva: Denuncian órdenes a profesionales de la salud para restringir incapacidades, órdenes médicas y trámites de accidentes laborales.
•  Reducción sistemática de costos: Señalan el incumplimiento de más de 20 artículos convencionales como parte de un plan anticipado de la multinacional de cara al cese de operaciones en 2034.
•  Alerta económica departamental: La nómina mensual de la minera, que representa más de 22.000 millones de pesos en flujo económico regional, se ve amenazada por recortes y precarización.

Una profunda crisis laboral y social se gesta en el departamento de La Guajira ante las crecientes tensiones entre los trabajadores mineros y la empresa Carbones del Cerrejón. En un pronunciamiento conjunto ante los medios de comunicación, los dirigentes sindicales Jaime López García, presidente de Sintracarbón, y voceros de Sintracerrejón, advirtieron que la multinacional ha iniciado un plan sistemático de recorte de costos a costa de las garantías convencionales, el derecho a la salud y los compromisos sociales y ambientales del territorio.  

De acuerdo con las organizaciones sindicales, la compañía se encuentra al borde de provocar un conflicto de grandes proporciones que trascenderá las instalaciones operativas de la mina y afectará directamente la economía de todos los municipios guajiros.  

Violación a la convención colectiva y recortes de costos

El presidente de Sintracarbón, Jaime López García, fue enfático al señalar que la empresa viene incurriendo en una violación sistemática del acuerdo firmado en el año 2024. A la fecha, se contabilizan entre 23 y 24 artículos convencionales que están siendo desconocidos o aplicados de forma arbitraria e unilateral por parte de la administración de Cerrejón.  

Entre los puntos críticos denunciados se encuentra el incumplimiento del Artículo 89, relativo a los viáticos médicos para los trabajadores. Este beneficio busca asegurar la atención médica adecuada para los operarios que sufren patologías derivadas de las duras jornadas de extracción carbonífera.

Injerencia en la autonomía médica y trabas asistenciales

Uno de los aspectos más alarmantes expuestos durante las declaraciones es la supuesta injerencia indebida de la compañía en las entidades prestadoras de salud, específicamente en el operador Colsanitas y la ARL Positiva.

Según testimonios de los profesionales de la salud citados por la dirigencia, los médicos han recibido presiones para no emitir incapacidades, restringir órdenes de control specialistico ni tramitar pensiones o conceptos de reubicación laboral. Paralelamente, se denunciaron instrucciones para dilatar o no reportar oportunamente los accidentes de trabajo ante la ARL Positiva, limitando el acceso oportuno a la rehabilitación de los afectados.

Un plan de cierre de mina bajo la lupa legal

Por su parte, la representación de Sintracerrejón vinculó directamente estas actuaciones con la hoja de ruta fijada para el cierre definitivo de la mina en el año 2034. Los voceros explicaron que la estrategia busca desmantelar gradualmente las cargas contractuales y pasivos de la empresa antes de su salida final.  

Frente a esta coyuntura, la dirigencia sindical sustentó sus reclamos en el recién expedido Decreto 742 del 9 de julio de 2026, el cual reglamenta el cierre progresivo de minas y exige a los titulares mineros garantías explícitas y la delimitación clara de sus pasivos laborales, ambientales y sociales.  

Los sindicatos recordaron que la masa salarial circulante de Cerrejón, estimada en cerca de 22.000 millones de pesos mensuales, constituye el motor financiero del comercio local, las tiendas, las instituciones educativas y los servicios en La Guajira. Cualquier impacto negativo sobre el empleo o los ingresos de los trabajadores golpeará directamente las arcas públicas y el sustento de miles de familias en la región.  

Movilizaciones y llamado a la institucionalidad

Tras dar por agotadas las instancias de diálogo directo por la falta de resultados concretos, las organizaciones informaron sobre un cambio de estrategia que contempla protestas, plantones en oficinas administrativas y marchas en las áreas de talleres.  

Asimismo, hicieron un llamado urgente a la Asamblea Departamental de La Guajira, a los concejos municipales y a los mandatarios locales para que asuman una postura activa ante la crisis. Los voceros instaron a la institucionalidad a no mantenerse al margen de una situación que amenaza la estabilidad socioeconómica del departamento a pocos años del fin de la era extractiva del carbón.