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• Corregir el rumbo acumulado durante años requerirá no solo capacidad técnica y firmeza en la toma de decisiones, sino también la convergencia de todos los sectores de la sociedad.

Por Álvaro Villanueva

Pasar del discurso político a la ejecución concreta constituye la verdadera prueba de fuego de cualquier administración. Más que una formalidad institucional, dar cumplimiento a lo prometido es confirmar, mediante logros tangibles y transformaciones estructurales, la determinación de un gobernante para corregir, sanar o erradicar situaciones aberrantes que han asfixiado durante décadas a la población. Aquello que se empeña en la plaza pública debe materializarse sin dilaciones, situando el interés general por encima de dogmatismos, rencillas partidistas o conveniencias de turno. El éxito de una gestión no se mide por la elocuencia de sus relatos, sino por la efectividad de sus resultados.

Al examinar las prioridades históricas de la nación, la paz ocupa el lugar más prominente y, al mismo tiempo, el más desgastado por la retórica. Colombia ha permanecido atrapada en dinámicas de violencia sistemática durante más de un siglo. Desde las confrontaciones bipartidistas del siglo XX hasta las complejas dinámicas del crimen transnacional de hoy, las políticas destinadas a pacificar el territorio han acumulado un saldo frustrante. Lejos de extinguirse, la inseguridad se reorganiza y penetra con fuerza en zonas periféricas donde la presencia integral del Estado sigue siendo una asignatura pendiente.

En el plano de los derechos fundamentales, la salud representa otro frente de crisis incuestionable. La parálisis del sistema no admite más debates estériles cuando las urgencias humanas se manifiestan a diario en las calles. Un componente particularmente crítico es el deterioro acelerado de la salud mental, un fenómeno silencioso que profundiza la fractura del núcleo familiar, potencia la criminalidad y condena a las nuevas generaciones a un entorno desprovisto de horizontes. Cuando los niños y adolescentes son cooptados por redes delictivas debido a la falta de cobertura formativa y oportunidades reales, el país pierde su recurso más valioso.

La limitada cobertura de la educación y las estrechas puertas de acceso a la formación universitaria y especializada terminan por perpetuar círculos insuperables de exclusión.

Este complejo escenario social se desarrolla en medio de una coyuntura económica sumamente restrictiva llena de pobreza. Sin estabilidad financiera, disciplina fiscal y estímulos a la productividad, las propuestas en materia de bienestar y seguridad corren el riesgo de convertirse en meros enunciados de buenas intenciones. La economía exige rigor técnico y certidumbre jurídica, dos variables indispensables para generar el desarrollo que sostiene las políticas públicas.

En este momento crucial, la atención de la ciudadanía se vuelca hacia el proyecto político liderado por el presidente electo Abelardo De La Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo. La expectativa social es elevada, pues el país anhela distanciarse de la inercia institucional que caracterizó a administraciones anteriores. Corregir el rumbo acumulado durante años requerirá no solo capacidad técnica y firmeza en la toma de decisiones, sino también la convergencia de todos los sectores de la sociedad. Colombia enfrenta una encrucijada definitiva donde la palabra empeñada debe convertirse, de una vez por todas, en un hecho transformador, lo mejor para el país es lo mejor para todos.