Por Martin Barros Choles
Las armas son instrumentos que generan peligro en su uso, cualquiera sea la forma de cómo se utilice, independientemente de quienes y como las porten. Las armas sirven para causar daños, originado del accionar técnicos, disparando proyectiles, que hieren, destruyen y matan. Tambien se utilizan armas de fuego, para: intimidar, atemorizar, amenazar, someter, humillar, perseguir, ejecutar acciones delictivas, destacándose, atracos, secuestros, extorciones y asesinatos, móviles criminales delincuenciales, que surgen de la descomposición social, que impulsan personas, descarriada, descontrolada y exacerbada; direccionadas a encender terrorismo y violencia, por mandatos y psicopatías, generando horror, pánico y zozobras colectivas.
El cierto que el monopolio de armas está a cargo del Estado, en cabeza de las fuerzas militares, a la orden del gobernante y mandatario de turno. La industria armamentista, se constituye en fortaleza, de naciones y territorio, no solo para garantizar seguridad y ejercer defensa, de soberanía, sino para abusar, reprimir y oprimir. De ahí, que sea el instrumento indicado, para predominar y dominar, al interior de un territorio, invadir y piratear, predios y territorios ajenos, como ha ocurrido en imperios de naciones ricas, que disponen de arsenales, para mostrar los dientes y contrapuntear, con guerras frías y operaciones congeladas.
El porte y tenencia, de armas de fuego en Colombia, ha sido una costumbre de antaño, bloqueada, por la misma autoridad, que las comercializan, amparada con un permiso, en termino limitado. A raíz de un proyecto de ley, radicado por la senadora, María Fernando Cbal, del Centro Democrático, que busca restablecer el uso de arma personal para ejercer legítima defensa, en circunstancia de agresión, de hechos delincuencial, que ponga en peligro la vida y atente, con la propiedad privada, familia, trabajo etc. La prohibición de usar armas fue decretada por el presidente, Juan Manuel Santos, a partir de preacuerdo de paz con la Farc. Aun cuando, quienes quieren, que se permitan que algunas personas, porten armas de fuego, para defenderse y enfrentar la delincuencia común, corresponden al partido político que gobierna, el presidente Ivan Duque, prorrogo el decreto prohibitivo, avalando la vigencia, del que expidió el su antecesor, Santos. El proyecto ha tenido demasiado revuelo, tal vez en reacción a la autoría de este, de una parlamentaria toxica, cuya iniciativa descartó el presidente.
La inseguridad que nos azota es aberrante y desesperante. Los ciudadanos, no disponen de garantías, ni confía en autoridades competentes. El desacredito, ineficacia, omisiones y corrupción; en autoridades originan incertidumbres y pesares, al continuar viviendo entre el acecho delincuencial, consumando crímenes, sin contra resto, ni resistencia. Particular mente, no comulgo con andar armado, precisamente por el peligro que ellas generan, pero a falta de protección del estado, quien podrá defendernos? Chapulín o Dios? La delincuencia organizada y aliada, con algunos miembros instituciones armadas del estado, son generadores de violencia, que no se pueden negar. Diariamente se registran volúmenes de víctimas, relacionada con robos y extorciones, que de nada sirve denunciarlo, por escasez y pereza investigativa.
Así como se prohíbe el uso de armas de fuego, tambien se debe garantizar, erradicación de esta, desarmando y controlando, las acciones delictivas, de lo contrario es un estado fallido, que no goza de firmeza, para hacer valer y respetar, la institucionalidad. De que sirve prohibiciones, para unos y tolerancia para otros? Si no se dispone inteligencia y capacidad de reacción, para eliminar y rendir la delincuencia, esta, terminará desplazándola a las autoridades, con las armas de fuego, como está ocurriendo en territorio, dominado por organizaciones armadas. Lo mismo pasa en barrios, veredas, comunidades, zonas rurales y urbanas, de cuya presencia y accionar, poco se publicitan denuncias.
El uso indiscriminado de armas en los Estados Unidos, genera a cada momento acciones violentas, ejercidas por desquiciados psicópatas, en diferentes Estados, generando trágicos resultados horrorosos, lo que ha impulsado al presidente Joe Biden, a radicar un proyecto de ley, que regule el negocio y ventas de armas, prohibiendo el uso de fusiles de asaltos, enfrentando a la poderosa institución interna, Asociación Nacional de Rifle (NRA), que financia campañas política, de parlamentarios Republicano, a cambio de protección. En EE. UU, se encuentra en poder de los ciudadanos, residentes en los distintos Estado, mas de 700 millones de armas, adquiridas legalmente en tiendas autorizada y adquiridas, como cualquier articulo o producto comercial.